Por Juan Jesús Garza Onofre
La Constitución no es patrimonio de un solo grupo político. Por el contrario, representa un pacto social construido a lo largo del tiempo, en el que convergen perspectivas, intereses, valores e ideologías dentro de una sociedad tan plural como la mexicana. Es el resultado de un consenso que permite la convivencia democrática, estableciendo las bases fundamentales para la organización del Estado, la protección de los derechos y el funcionamiento de las instituciones.
Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum decidió conmemorar un aniversario más de la Constitución federal promulgada por Venustiano Carranza en Querétaro hace más de 108 años, lo hizo desde una postura miope y soberbia, cometiendo un craso error al excluir de la celebración a los integrantes del Poder Judicial. Su decisión refleja la disparatada creencia de que ella sola tiene el monopolio para interpretar lo que significa este país, como si la Constitución fuera un instrumento exclusivo de su gobierno y no el resultado de un acuerdo mínimo alcanzado entre diferentes.
Al marginar a uno de los tres poderes del Estado mexicano, la presidenta saca a relucir su visión reduccionista de la Carta Magna, minimizando el papel que juegan los jueces en la interpretación y defensa de los derechos fundamentales.
Aunque su arrogancia no sorprende, pues el respaldo de la presente administración a reformas como la judicial, o la de supremacía constitucional muestran sus claras intenciones por debilitar los contrapesos institucionales, no deja de ser paradójico que tan sólo semanas atrás la propia Sheinbaum pidiera cerrar filas frente a las amenazas comerciales esgrimidas por Donald Trump.
Queda para el registro sus llamados a la «unidad”, ese paradójico entendimiento del “consenso” que más que un arreglo entre distintos sectores es sinónimo de alineación incondicional con su visión de Estado. Tal parece que su concepción de la democracia no se basa en el respeto a la diversidad, sino en la imposición de una narrativa única que excluye disidencias.
Este doble estándar es una muestra más de la incongruencia que ha caracterizado al régimen morenista, ya que mientras se exige cohesión frente a las amenazas externas, se socava internamente el equilibrio de poderes, deslegitimando a quienes la propia Constitución les ha otorgado la función contramayoritaria.
Bajo esa lógica, Sheinbaum está más cerca de Trump de lo que quiere hacer creer a golpe de retórica patriotera. La defensa de la legalidad es cosa fácil cuando la narrativa se vuelve selectiva y chapucera.
La falta de coherencia y el oportunismo con el que se adoptan posiciones según la coyuntura hace factible condenar el unilateralismo si lo ejerce un adversario, pero justificarlos sin escrúpulos si lo exigen las circunstancias.
Van tres ejemplos puntuales de cómo los mismos argumentos que no sirvieron para convencer a Morena de las consecuencias tan perjudiciales de su reforma judicial, ahora fueron esgrimidos por ellos para el tema de los aranceles estadounidenses:
- Nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho. En su primera respuesta a Trump, Sheinbaum evocó la famosa frase juarista con el sentido de resaltar la importancia del diálogo. Alegando que no vale la pena escalar conflictos, la presidenta pedía apegarse a ciertos principios jurídicos básicos para resolver las diferencias mediante la negociación. Hay que recordar, entonces, cómo se consiguió el voto decisivo del panista Miguel Ángel Yunes o la ausencia del emecista Daniel Barreda para alcanzar la tramposa mayoría con la que fue aprobada la reforma judicial; la forma como se acallaron las manifestaciones estudiantiles afuera de los recintos legislativos; la manera en que fue ignorada la academia y la sociedad civil en los supuestos foros de consulta; o la frase del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que; “ni Dios Padre encarnado puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial”.
- Se violará el T-MEC. El secretario de Economía fue categórico al denunciar que los aranceles propuestos por Trump transgreden los acuerdos comerciales establecidos entre México, Estados Unidos y Canadá. También afirmó que tales medidas minan la certidumbre jurídica que se busca garantizar para los inversionistas de los tres países. Lo extraño es que públicamente este personaje nunca dijo nada respecto a cómo su reforma judicial también vulnera los principios del T-MEC, pues este tratado no sólo establece normas comerciales, sino también compromisos en materia de Estado de derecho. Visto así, la independencia judicial es esencial para fomentar un entorno de negocios estable, donde los inversionistas puedan confiar en que cualquier conflicto será resuelto de manera imparcial. No cabe duda de que ante un Poder Judicial debilitado y politizado se generará incertidumbre sobre la capacidad del país para proteger los derechos de los inversionistas, lo que podría derivar en disputas comerciales y un deterioro de la relación con nuestros socios comerciales.
- Habrá efectos negativos para todos. La insistencia por parte del oficialismo en que los aranceles no sólo acarrean consecuencias funestas para nosotros los mexicanos sino también para los estadounidenses fue una constante. Al hacer gala de los efectos generales que conlleva una decisión tan intempestiva, Morena busca posicionarse como un actor racional, que aboga por la cooperación internacional y advierte sobre el impacto negativo de políticas impulsivas. Pero este argumento pierde fuerza cuando se le contrasta con su postura asumida hace meses con la reforma judicial, pues en ese caso, se minimizó deliberadamente cualquier advertencia sobre los efectos colectivos adversos que esta podría tener más allá de la judicatura. Sustituir de un día para otro a miles de juzgadores supone una alteración drástica en el sistema de impartición y procuración de justicia, generando un caos institucional que afectará a funcionarios judiciales, litigantes, estudiantes, empresas y, sobre todo, a millones de ciudadanos cuyos casos quedarán en la incertidumbre.
Ojalá que Sheinbaum y los morenistas hubieran tenido una actitud más consecuente como la desplegada ante los aranceles en temas no sólo como el judicial, sino también respecto a la militarización o la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Candil y oscuridad. Solidaridad a ratos, incongruencia de tiempo completo.
Por eso, ese carácter aleatorio y voluble sirve para comprender la preponderancia que los morenistas le han dado a la suerte y las tómbolas en el proceso para saber quiénes integrarán ahora al nuevo Poder Judicial. Poco importa el mérito, la preparación o la experiencia. Habrá que tener buena fortuna para tener un cargo, o quizá un par de amigos dentro de los Comités de Evaluación que puedan cargar los dados.
Lo cierto es que más allá de este fiasco sin causa lógica o predecible, da cierto morbo ver a quien alguna vez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora convertido en niño gritón.
El performance que se ha montado para aparentar una cierta normalidad plagada de irregularidades e improvisaciones confirma el hecho de que tener un marco jurídico hecho a la medida, en absoluto significa que se respetará por sus propios impulsores.
El pasado 3 de febrero falleció el jurista español Elías Díaz, una de las mentes más brillantes del pensamiento jurídico contemporáneo. Su legado intelectual ha dejado una huella profunda en la teoría del derecho continental. Desde su incansable reflexión filosófica, Díaz insistió en la necesidad de que las normas jurídicas sean efectivas y legítimas, subrayando que la mera existencia de leyes en una constitución no garantiza, por sí sola, su legalidad ni su justicia; en una frase memorable, que: no todo Estado con derecho es, necesariamente, un Estado de derecho.
El gobierno mexicano demuestra que su defensa de la legalidad es circunstancial. Se exige certidumbre jurídica cuando conviene, pero se socava el Estado de derecho cuando estorba a la agenda política. Se denuncia la unilateralidad cuando proviene del extranjero, pero se impone sin escrúpulos cuando se trata de decisiones internas. La hipocresía no es un desliz: es la estrategia.
En una batalla entre populistas, no triunfa el que dice la verdad, sino el que mejor manipula las mentiras.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.
