El decreto impacta especialmente en México, base de operación de seis de estas mafias -incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación- y por compartir una frontera de 3,100 km con Estados Unidos.
La intención de EU para designar a cárteles del narco como terroristas
De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, su intención es proteger a su nación, a sus ciudadanos y al propio hemisferio.
“Esto significa poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Estas designaciones proporcionan a las fuerzas del orden herramientas adicionales para detener a estos grupos”.
A través de un comunicado, la dependencia estadounidense precisó que esta medida es una forma eficaz de reducir el apoyo a las actividades terroristas, por lo que quedó en claro su compromiso y principalmente de la administración de Donald Trump “de proteger nuestros intereses de seguridad nacional y desmantelar estas peligrosas organizaciones”.
¿Qué conlleva este decreto?
La medida amplía las facultades de Washington para sancionar económicamente a líderes y cómplices de los cárteles, aduciendo que amenazan la seguridad estadounidense.
Pero estas persecuciones no son nuevas contra el narcotráfico. Un sinnúmero de personas y empresas engrosa continuamente la lista negra del principal consumidor de drogas del planeta.
El giro radica en la posibilidad de acciones militares y policiales que violen "la soberanía de México". Si bien se ha podido corroborar la presencia de vuelos ‘secretos’ de drones sobre México para recabar información contra los cárteles (presunta colaboración binacional de "muchísimos años"), no así se consiente la presencia de fuerzas militares o de seguridad en territorio nacional.
Las razones de México
En voz de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Todos queremos luchar contra los cárteles de drogas (...) Ellos (Estados Unidos) en su territorio, nosotros en nuestro territorio”.
La mandataria consintió el decreto de Trump y hasta lo calificó de indispensable, siempre y cuando contribuya en investigaciones conjuntas de lavado de dinero o para perseguir mejor las operaciones de los grupos del crimen organizado en Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que “si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, ésas no las aceptamos”.
De acuerdo con Steven Dudley, codirector y cofundador del centro de pensamiento Insight Crime, el alcance legal del decreto es "infinito" y "en manos de autoridades irresponsables" es "peligrosísimo".
Como ejemplo, si la filial mexicana de una empresa estadounidense paga una extorsión a un cártel, la casa matriz podría ser acusada de "apoyo material" al terrorismo, un riesgo elevado entre economías altamente integradas, observa el investigador.
De hecho, Sheinbaum advirtió que si Trump rotulaba a los cárteles como terroristas, algo a lo que se opone por riesgo de "injerencismo", ampliaría una demanda que México sigue contra armerías estadounidenses por posible complicidad con el terrorismo.
La respuesta de Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves con una reforma constitucional respecto a la soberanía nacional a la designación como terroristas a los cárteles mexicanos por parte de los Estados Unidos.
La primera mandataria informó que enviará al Congreso de la Unión, este jueves 20 de febrero, una propuesta de reforma constitucional para modificar los artículos 19 y 40 de la carta magna, en respuesta a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El objetivo es blindar legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia territorio mexicano.
“La reforma tiene dos elementos sustantivos, el primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional y el otro es el artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva”, precisó la mandataria.
El nuevo texto propuesto para el artículo 40 establece que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Asimismo, dijo que con el cambio del artículo 19 se contempla la imposición de la pena más severa y la prisión preventiva oficiosa a cualquier persona, nacional o extranjera, que participe en el tráfico de armas o en actividades que vulneren la soberanía mexicana.
De esta manera, la medida implementada por la presidenta de México busca responsabilizar a estas empresas por la venta de armamento que termina en manos del crimen organizado en México.
(Con información de AFP )
