En México se han encontrado más de 5.600 fosas clandestinas, y hay más 72.000 cuerpos sin identificar, mientras 127.000 personas están reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el Estado niega que la desaparición sea una práctica sistemática y generalizada, y estigmatiza a quienes la denuncian, dijo a openDemocracy la mexicana Lisa Sánchez, activista e investigadora en seguridad.
La desaparición forzada no es nueva en México, pero la militarización de la “guerra a las drogas” – lanzada formalmente en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), del derechista Partido de Acción Nacional, y profundizada por sus sucesores – disparó la violencia y contribuyó a normalizar este crimen, que hoy goza de 99% de impunidad, explicó Sánchez, director general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una organización civil que trabaja en seguridad ciudadana, justicia y política de drogas.
En las últimas semanas, el “circo mediático” montado en torno al hallazgo de un presunto sitio de entrenamiento y exterminio en el estado de Jalisco desembocó en una campaña de ataques a las familias buscadoras. “Esa es la clave política que a nosotros nos parece particularmente despreciable”, dijo Sánchez, maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics.
El 5 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada decidió por primera vez abrir un procedimiento para el caso de México y activar el artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas, que incluye solicitar más información al gobierno y, eventualmente, elevar el asunto a la Asamblea General. Para los expertos del Comité, que vienen estudiando el caso desde hace una década, hay indicios de práctica “sistemática y generalizada” .
La respuesta del Senado mexicano, aprobada por el partido de gobierno Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), fue rechazar la decisión y pedir a la ONU que sancionara al presidente del Comité, Olivier De Frouville.
“Me ha bajado mucho la moral la votación del Senado”, comentó Sánchez.
El siguiente es un fragmento de la entrevista.
openDemocracy: En América Latina, la desaparición está identificada como crimen de Estado cometido por gobiernos autoritarios en décadas pasadas. ¿Por qué hay tantas desapariciones en México en el contexto actual?
Lisa Sánchez: México es una excepcionalidad latinoamericana porque tuvo su gobierno autoritario [del Partido Revolucionario Institucional, PRI, 1929-2000], que no fue producto de un golpe de Estado y por lo tanto no hubo una dictadura militar. Las desapariciones que existieron en la década de los 60 y de los 70 también se consideraron un crimen de Estado en un momento de persecución política de las disidencias socialistas que el PRI, aliado con Estados Unidos, perseguía de manera muy vigorosa por considerarlas amenazas a la seguridad nacional.
Aunque en la izquierda mexicana siempre se rechazó y se demostró un crimen de Estado, en el debate nacional nunca tuvimos un proceso de recuperación de memoria. Mucho menos de sanción a los perpetradores de esas desapariciones, aunque en años recientes hemos inaugurado un par de comisiones de la verdad sobre los delitos de la “guerra sucia”. Pero en realidad las desapariciones nunca tuvieron rechazo colectivo, real, grande y articulado, como sí sucedió en América del Sur.
¿La no asunción de ese pasado la ves vinculada a este nuevo tipo de desapariciones en el marco de la violencia narco? ¿Quién son hoy los perpetradores?
En algunas cosas sí y en algunas no, pero lo traigo a colación porque el hecho de que nosotros no hayamos vivido un proceso de revisitar esa realidad tan dolorosa durante nuestro proceso de transición a la democracia, permitió que nuestros gobiernos siguiesen con un discurso de que no fue una política de Estado. Y eso es problemático porque es lo que estamos viendo hoy en día.
Hoy también se niega que existan desapariciones forzadas, y los gobiernos siguen manteniendo este discurso de que no es sistemático, no es generalizado, el Estado no participa y por lo tanto no necesitamos ningún mecanismo extraordinario, ni sanciones masivas a quienes cometen esto. Y no es un tema de discusión. Y quien se atreve a ponerlo en discusión, es calificado de [hacer] un uso faccioso y político del tema para desestabilizar gobiernos.
Desde que se desató la guerra contra las drogas [con Calderón], el funcionamiento institucional busca acabar con el problema y eliminar al enemigo. Sigue habiendo desaparición forzada cometida por policías y militares que ven en cierto tipo de ciudadano un enemigo y, en lugar de investigarlo, detenerlo y procesarlo, se le asesina, se le desaparece, se le tortura y se borran, o se intenta borrar, los rastros para que nunca se llegue a ellos como perpetradores.
Por supuesto, tenemos otro fenómeno de desaparición cometido por organizaciones criminales que, en esta lógica de guerra con las fuerzas del Estado, pero también con otros cárteles rivales, empezaron a adoptar la desaparición de personas. Y entonces hemos visto de 2011 a la fecha episodios tremendamente dolorosos, que no es que hayan comenzado en 2011, pero que se empezaron a discutir en los medios: criminales que disolvían en ácido a sus víctimas para que los restos no fueran identificables, desmembramientos y entierros masivos con cal y yeso para corroer lo más rápido la evidencia, una serie de cosas que ha documentado muy bien el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada , y que le hacen al Comité concluir que en México sí existe un fenómeno de desaparición forzada, sistemática y generalizada, con participación directa o indirecta del Estado. Esto es que instituciones policiales o militares desaparecen directamente a personas y, por el otro lado, incluso si la desaparición la comete un miembro del crimen organizado, se presume que esa comisión es posible porque hay protección del Estado a esas organizaciones criminales, porque hay omisión del Estado en investigarlas, o porque el Estado, de una u otra manera, facilita incluso la infraestructura para que eso pueda suceder.
Entonces, ¿hay una concurrencia de distintos perpetradores, tanto del Estado como del crimen organizado, y hay complicidades y omisiones por parte del Estado?
Correcto. Y como si eso fuera poco, México vive desde hace muchos años un deterioro de su capacidad de impartición de justicia. La desaparición tiene un 99% de impunidad, y el resto de los delitos tienen niveles de impunidad superiores al 90%.
En marzo la prensa internacional reprodujo las imágenes de cientos de zapatos, prendas de vestir y mochilas encontradas por familias de personas desaparecidas en el Rancho Izaguirre , en Jalisco, un sitio de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, que estaba desde septiembre de 2024 bajo control de las autoridades. ¿Qué significado tuvo este hecho?
A diferencia de otras fosas clandestinas o de otros espacios en donde también se presumía el adiestramiento y el exterminio de personas por parte de miembros de la delincuencia organizada, lo que no habíamos visto eran imágenes de pertenencias de mujeres, adolescentes e incluso niños, en esa magnitud. Las imágenes del Rancho Izaguirre conmocionan porque ya no es posible presumir que solo “gente mala” que quería participar en la delincuencia organizada era castigada de manera brutal por quienes les habían reclutado, o que ya no es posible suponer que eran solo esas víctimas tan fácilmente invisibilizadas – los hombres precarizados, morenos, pobres, de comunidades vulnerables que no han sido tradicionalmente merecedores de empatía.
Pero tristemente tengo que reconocer que el ciclo noticioso y de indignación del Rancho Izaguirre fue muy corto. No nos generó ningún tipo de exigencia coordinada y colectiva de respuestas realmente diferentes hacia la autoridad. Porque, como este, hemos encontrado ya muchos, y el horror de hoy borra el horror de ayer. Y en México se cuentan muchos horrores de manera cotidiana.
El Rancho Izaguirre no está muy lejos de otro predio que en su momento también había destapado una historia similar de adiestramiento y asesinato de personas que eran reclutadas contra su voluntad para participar en las actividades de organizaciones criminales perfectamente diversificadas.
En el Rancho Izaguirre vimos cómo las familias de las víctimas entran a los predios, excavan, recogen evidencia. Una anomalía porque esas tareas, en un Estado de derecho, corresponden a la policía, la fiscalía ya los forenses.
Es completa y absolutamente anormal. Pero además da cuenta del dolo con el que el Estado mexicano ha tratado este tema. Las familias buscadoras no empiezan como una iniciativa organizada, son un montón de víctimas indirectas que se dan cuenta que incluso yendo a denunciar las desapariciones, la autoridad no solo no hace nada, sino que las revictimiza cada vez que se acercan a buscar justicia.
Son esas familias las que empezaron a exigir fichas de búsqueda, que las fotografías de las personas desaparecidas fueron incluidas en esas fichas para que se distribuiran y que la propia autoridad reconociera que había una persona no localizada. Son las víctimas las que hacen el cabildeo para una reforma constitucional que después permite una ley de creación del Sistema Nacional de Víctimas [mecanismo de coordinación entre distintas instituciones del Estado para que las víctimas reciban atención integral, reparación del daño, acceso a la justicia y garantías de no repetición] – si bien también es una anomalía tener un sistema nacional de víctimas y habla volúmenes de lo anormal que es el caso de México. Y son ellas las que salieron con sus manos a cavar la tierra, las que conocen las anomalías topográficas de un territorio para determinar que ahí, debajo de la tierra, hay fosas clandestinas o enterramientos ilegales. Y son ellas las que han tenido también que negociar en muchas ocasiones con organizaciones criminales para que las dejen hacer esas excavaciones y exhumar restos para ver si logran identificar a sus seres queridos. Y muchas de ellas han sido víctimas de violencia. El número más fidedigno que tenemos son 22 madres buscadoras asesinadas en el contexto de la búsqueda de sus familiares.
Mientras la autoridad permanece omisa o, cuando quiere parecer empática, entrega palas a las madres buscadoras para que, en vez de excavar con la mano, puedan excavar con una pala.
El 20 de marzo, las fiscalías de Jalisco y federales invitaron a familiares, medios e influencers al Rancho Izaguirre. Allí las madres buscadoras comprobaron que las evidencias que habían visto meses antes ya no estaban y las fosas con restos de huesos calcinados habían sido tapadas. ¿Cómo interpretas esa jornada?
Lo rechazamos, primero, en términos técnicos. Un rancho que había sido identificado por las autoridades desde el año anterior, cuyo levantamiento de evidencia forense no se había hecho porque incluso se perdió el resguardo del predio, se había permitido la entrada a las madres buscadoras que habían dado a conocer los hallazgos que todos vimos y, posterior a eso, se montó un circo mediático para que, sobre todo los influencers favorables al partido en el gobierno pudieran ir a desestimar los dichos de las familias buscadoras.
Y esa es la clave política que a nosotros nos parece particularmente despreciable. Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador [2018-2024, del partido Morena], una de las estrategias narrativas más efectivas fue criminalizar a quien estaba denunciando lo que sucedía. Daba igual si eran periodistas, organizaciones de la sociedad civil, feministas, indígenas, movimientos sociales. Eran calificados como opositores y marionetas al servicio de intereses oscuros que querían afectar la imagen del presidente y de su gobierno.
Una de las consecuencias del circo que se montó mediante esos influencers , sobre todo en redes sociales, fue una campaña de odio a las familias buscadoras, acusadas de tener la intencionalidad de pegarle políticamente a [la actual presidenta] Claudia [Sheinbaum, también de Morena], en vez de que la sociedad hubiera buscado una indignación bastante más constructiva de qué hacemos con esta que es nuestra realidad.
