Impulsan iniciativa para expedir nueva Ley General de Puertos

*la actividad portuaria mueve importaciones por 890 mil millones de pesos anuales y exportaciones por 919 mil millones, pero no existe información precisa que sería de gran utilidad para las estadísticas económicas, financieras y fiscales

Boletín | Ciudad de México | 13 Dic 2010

Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Marina, diputados Alejandro Gertz Manero (Convergencia), Luis Antonio Martínez Armengol (PRI) y Francisco Armando Meza Castro (PRD), presentaron una iniciativa para derogar la actual Ley General de Puertos, vigente desde 1993 y expedir una nueva.

Su presidente, Alejandro Gertz Manero, explicó que la nueva ley que se propone busca actualizar el papel del Estado y de la iniciativa privada en materia portuaria; dar un nuevo carácter a las concesiones para que contribuyan al desarrollo y se precise el sentido de utilidad pública y privada de las Administraciones Portuarias Integrales (API).

Mencionó que en todas partes del mundo, las inversiones portuarias son rentables y productivas por ellas mismas, de manera que si se estableciera un marco comparativo, se podría observar que en México cada día crece más la inversión pública; sin embargo, no existe ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita saber con certeza cuáles son los rendimientos de las concesiones y cuánto generan de impuestos.

El documento destaca que la actividad portuaria mueve importaciones por 890 mil millones de pesos anuales y exportaciones por 919 mil millones, pero no existe información precisa que sería de gran utilidad para las estadísticas económicas, financieras y fiscales.

“De la información relativa a impuestos de importación y exportación se desconoce cuáles son los beneficios para la nación, para las API y para los municipios. La finalidad de la propuesta es que todo el sistema portuario funcione de manera transparente, para que la población pueda saber qué se está haciendo con esos bienes de dominio de la nación y que éstos sean productivos”, se precisa en el documento.

Concluye que “las concesiones que el gobierno dio en materia portuaria le dejan al país alrededor de 300 millones de pesos al año; sin embargo, no hay un sistema de auditoría, por lógica de utilidad pública, para evaluar la equidad de esa productividad frente al volumen y valor concesiones y cesiones parciales”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Transportes y Marina, con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.