Reconocer una crisis en DH ya no es suficiente

*El discurso inicial de Peña Nieto provocó una expectativa en organizaciones de derechos humanos; sin embargo, dos años después aseguran que la prioridad en este momento debería apuntar a terminar con la impunidad generalizada y crímenes comunes, así como para dar con el paradero de las 22,000 personas que oficialmente están desaparecidas

Agencias . | | 03 Feb 2015

Al asumir su cargo en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el país tenía el reto de hacer realidad los derechos humanos reconocidos en la Constitución y aunque el gobierno ha puesto en marcha medidas potencialmente alentadoras para subsanar la crisis, organizaciones internacionales y nacionales coinciden en que los resultados son limitados y la impunidad sigue siendo el principal motor de las violaciones a las garantías individuales.

“Trabajaré por un gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución...”, dijo Peña Nieto, cuando asumió la Presidencia de la República.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, observa que al inicio de su administración, Peña Nieto aceptó que la guerra contra el narcotráfico -iniciada por el ex presidente Felipe Calderón- había llevado a graves abusos de derechos humanos, y el año pasado informó que la cifra oficial de personas “no localizadas” ascendía a más de 22,000.

En entrevista, el especialista de la organización internacional con sede en Washington DC, Estados Unidos, consideró positivo reconocer los problemas, pero para Vivanco ello no es suficiente, sobre todo después de más de dos años de gobierno.

Para Vivanco el gobierno de Peña debe reconocer la magnitud del problema, esto es que está ante una “gravísima crisis de derechos humanos” y debe abordarla seriamente, con medidas concretas y efectivas y no con anuncios de propuestas cosméticas.

“México se encuentra ante la peor crisis de derechos humanos en muchísimos años. Hay una larga lista de temas que deben abordarse, pero para empezar el gobierno de Peña Nieto debe darle a los derechos humanos la importancia que merecen y priorizar acciones efectivas para terminar con la impunidad generalizada de violaciones de derechos humanos y crímenes comunes, así como para dar con el paradero de las 22,000 personas que oficialmente son reconocidas como no localizadas.

“Si no se dan señales claras en este sentido y, por el contrario, se continúa adoptando medidas meramente cosméticas, el récord de México en derechos humanos será cada vez peor”, sentenció el director de la División de las Américas de HRW.

Desde la perspectiva del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el tema fundamental de la agenda de derechos humanos sigue siendo la impunidad frente a las graves violaciones; incluyendo la desaparición forzada, tortura y las ejecuciones extrajudiciales, expuso Santiago Aguirre, abogado de esta organización.

Cuando llegó la actual administración, prosiguió Aguirre, fue claro el énfasis para distanciarse del discurso de guerra que había prevalecido en la administración pasada. Fue claro, también, el intento de aprobar algunas reformas legales que estaban pendientes, como la Ley General de Víctimas y la reforma al fuero militar.

El gobierno federal parecía estar entendiendo de una forma diferente los derechos humanos frente a la administración de Calderón. Sin embargo, a partir de los casos Tlatlaya e Iguala, esa imagen se derrumbó. “De relieve quedó la falta de atención a los temas más sustantivos de la agenda que tenían que ver con combatir la impunidad de los casos de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado del Centro Prodh.

A través de los sexenios

La crisis en materia de derechos humanos que vive el país y que a raíz de la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega en el Estado de México y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, se hizo más evidente para la opinión pública; se ha gestado desde hace años debido a la falta de respuesta del Estado para atender esta emergencia,explicó Maureen Meyer, quien dirige el programa sobre México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

La investigadora de WOLA recuerda que al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, hubo una apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos no visto en años anteriores; sin embargo, ni en esta administración, ni en las que siguieron hubo un cambio verdadero en las prácticas.

Para el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional, México, Perseo Quiroz, “en el sexenio del presidente Vicente Fox, fue un sexenio donde se perdió una oportunidad de oro para hacer de los derechos humanos una realidad en el país. Era una alternancia en el poder, se abría ahí una oportunidad para investigar muchos crímenes y lo que se hizo fue muy poco. Las expectativas -que eran muy altas- de que pudiera haber un cambio y no lo hubo y eso lo seguimos arrastrando”.

Con Calderón, refirió Maureen Mayer, el aumento de violaciones a derechos humanos fue “preocupante y predecible”, por su decisión de desplegar militares y policía federal en operativos contra el crimen.

El Centro Prodh reporta en la publicación “Transición traicionada: Los derechos humanos en México de 2006-2012”, que durante el anterior sexenio hubo en grave retroceso en materia de garantías individuales.

En el contexto del crimen organizado, destacan las cifras de la emergencia humanitaria: éstas se desplazan de las 60,000 a las 100,000 personas asesinadas, sin contar a los desaparecidos.

Para Perseo Quiroz, en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto se gestó la esperanza de que hubiera un viraje a las políticas de seguridad pública, que pudiera haber un refuerzo a los derechos humanos; sin embargo, el problema fue negado mandando así un mensaje de impunidad que nos lleva hasta esta crisis.

“Si los derechos humanos siguen siendo violados en México es por una cuestión de impunidad”, dijo.