Exige GIEI a PGR indagar y frenar filtraciones

*Un año después, ni las autoridades mexicanas ni las internacionales han aplicado el Protocolo de Estambul para determinar si los 50 denunciantes fueron víctimas de tortura al momento de su detención; de ser verdadero, su testimonio se anularía

Agencias . | Ciudad de México | 21 Feb 2016

El Grupo de Expertos de la CIDH pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el origen y frenar las filtraciones sobre declaraciones de detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, que sólo han dado pie a confusiones y a especular sobre una quinta versión, la cual los especialista descartaron.

De igual manera, exhortaron a la PGR a no fragmentar internamente la investigación, ya que han abierto al menos 12 averiguaciones previas de personas detenidas por otros delitos, pero que están relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Por lo que pidieron que todas las pesquisas que unifiquen en el expediente central, que tiene la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

En conferencia de prensa, los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron que las filtraciones a medios de comunicación corresponden a declaraciones falsas de los detenidos por la desaparición de los estudiantes.

“Ponen afirmaciones que nunca dijeron en la declaración y en las cuales nosotros estuvimos presentes”, dijo Ángela Buitrago, integrante del grupo.

Esto originó una quinta versión, que señala que los jóvenes fueron separados en dos grupos y sólo uno de ellos, con 17 estudiantes, fue incinerado en el basurero de Cocula. Sin embargo, Buitrago aseguró que esta versión es falsa.

Ante la fuga de información desde la Procuraduría, los integrantes del GIEI pidieron a Arely Gómez, titular de la PGR, que investigue los hechos y detenga las filtraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, no precisaron si ya se denunciaron o denunciarán estos hechos, para determinar quiénes son los responsables de las filtraciones y aplicar las sanciones correspondientes, por lo que sólo confían en lo que Gómez pueda hacer al respecto.

Esta es la segunda vez que se detienen las denuncias e investigaciones dentro del expediente de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. En enero de 2015, tanto el GIEI como Amnistía Internacional dieron a conocer que los detenidos denunciaron torturas al momento de dar su declaración.

Un año después, ni las autoridades mexicanas ni las internacionales han aplicado el Protocolo de Estambul para determinar si los 50 denunciantes fueron víctimas de tortura al momento de su detención; de ser verdadero, su testimonio se anularía.


OBSTÁCULOS PARA AVANZAR
Este domingo, los integrantes del GIEI señalaron que todavía existen obstáculos que no han podido sortear para determinar qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Y uno de ellos es la fragmentación de las investigaciones y los expedientes.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que existen al menos 12 averiguaciones previas de personas vinculadas con los hechos pero que permanecen como expedientes independientes.

Esto impide que se tomen en cuenta elementos y hechos de contexto que contribuyan a avanzar en la investigación central, dijo Buitrago.

La complejidad del sistema de procuración y administración de justicia mexicano permite y, a veces obliga, a los responsables que, a la par de un expediente, deban abrir otras averiguaciones previas, para que pueda profundizar en las investigaciones y acusar de otros delitos a los que ya están detenidos, para no vulnerar su derecho a defenderse y también sumar a otras personas como acusadas.

Sin embargo, conforme avanza el tiempo y la investigación, los expedientes siguen desperdigados en distintas instancias y durante 2015 se abrieron una docena de averiguaciones alternas, que hasta el momento no han podido revisar los expertos, de acuerdo a lo que sostuvieron durante la conferencia de prensa.

Esto también fue denunciado ante Arely Gómez, quien “tomó nota puntal” de lo que está ocurriendo para solucionarlo lo antes posible, indicó Buitrago.

El GIEI también denunció que a casi dos meses de que concluya su segundo semestre de investigación, el gobierno no ha permitido que entrevisten a los integrantes del 27º Batallón de Iguala, pese a que la solicitud se hizo desde hace un año.

De igual manera, la PGR apenas envió la solicitud para trabajar de forma conjunta con la fiscalía de Chicago en torno a la investigación de la ruta de cocaína Iguala-Chicago y el quinto camión, que supuestamente llevaría mercancía a Estados Unidos.

Además de las trabas gubernamentales, señalaron los ataques a su trabajo y a sus personas por parte de medios de comunicación, quienes han descalificado la labor realizada en un año, lo que sólo pretende detenerlos, dijeron, en momentos clave de sus pesquisas.