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Foto: Agencias .
*Anula su posibilidad de trabajar o recibir beneficios
Agencias . | Washington, EU | 12 Abr 2025
Con los cambios en la política inmigratoria en EE.UU., muchos residentes legales del país expresan su preocupación por incidentes que se han presentado con algunos inmigrantes que poseen tarjetas de residencia o Green Card al reingresar al país luego de un viaje internacional.
Jesús Reyes, abogado de inmigración, explica cómo debe actuar un residente legal ante las preguntas de los agentes de inmigración en un aeropuerto o puerto fronterizo.
Además, responde si los inmigrantes que obtuvieron su residencia legal por solicitud de asilo podrían ser identificados si viajaron a su país cuando no debieron hacerlo.
La administración Trump ha tomado medidas para clasificar como muertos a más de 6 mil inmigrantes vivos, cancelando sus números de Seguro Social y anulando su posibilidad de trabajar o recibir beneficios con el fin de obligarlos a abandonar el país, según dos personas familiarizadas con la situación.
Esta medida dificultará considerablemente que los afectados accedan a bancos u otros servicios básicos donde se requieren números de Seguro Social. Esto forma parte de una iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes a quienes se les permitió entrar y permanecer temporalmente en Estados Unidos gracias a los programas implementados por su predecesor, Joe Biden.
La administración Trump está transfiriendo los nombres de los inmigrantes y sus números de Seguro Social obtenidos legalmente a una base de datos que los funcionarios federales suelen utilizar para rastrear a los fallecidos, según las dos personas familiarizadas con la medida y sus consecuencias.
Hablaron bajo condición de anonimato el jueves por la noche porque los planes aún no se habían detallado públicamente. Los funcionarios dijeron que retirarles a los inmigrantes sus números de Seguro Social les impedirá acceder a muchos servicios financieros y los incentivará a abandonar por voluntad propia Estados Unidos para regresar a sus países de origen.
No quedó claro de inmediato cómo se seleccionó a los más de 6 mil inmigrantes. Sin embargo, la Casa Blanca de Trump ha puesto en la mira a personas que se encuentran temporalmente en el país bajo los programas de la era Biden, incluyendo a más de 900 mil inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CPB One de esa administración.
El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional revocó el estatus legal de los inmigrantes que usaron esa aplicación. Generalmente, se les había permitido permanecer en Estados Unidos durante dos años con autorización de trabajo bajo el permiso de permanencia temporal durante la era Biden, pero ahora se espera que abandonen por voluntad propia el país.
Mientras tanto, una jueza federal declaró el jueves que impedía que la administración Trump ordenara a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con estatus legal temporal que abandonaran el país a finales de este mes.
Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios sobre la noticia de que inmigrantes vivos estaban siendo clasificados como fallecidos.
La agencia mantiene la base de datos federal más completa de personas fallecidas, y el archivo contiene más de 142 millones de registros que se remontan a 1899.
La Ley de Privacidad permite a la Administración del Seguro Social divulgar información a las fuerzas del orden en circunstancias limitadas, como cuando se ha cometido un delito violento u otra actividad delictiva.
El DHS y el Departamento del Tesoro firmaron un acuerdo esta semana que permitiría al IRS compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el fin de identificar y deportar a personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos.
El acuerdo permitirá al ICE enviar al IRS los nombres y direcciones de los inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos para su verificación cruzada con los registros fiscales.
La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, quien ocupaba ese cargo desde febrero, renunció debido a dicho acuerdo. Mientras tanto, en marzo, un juez federal bloqueó temporalmente la participación de un equipo encargado de recortar empleos federales y reducir el tamaño del Gobierno, liderado por el multimillonario Elon Musk, en los sistemas de la Seguridad Social que almacenan datos personales de millones de estadounidenses. Calificó su labor como una “expedición de pesca”.
Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, un grupo de defensa que ha impugnado varias iniciativas de la administración Trump en los tribunales, dijo que su organización probablemente también demandaría por los números de la Seguridad Social, una vez que se disponga de más detalles.
“Este presidente continúa incurriendo en conductas ilegales, violando la ley y abusando de nuestros sistemas de pesos y contrapesos”, declaró Perryman.
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