Críticas a la reversión de Ley de Medios de Argentina llegan a la CIDH

*El Estado recordó que las medidas estipuladas en el decreto son provisionales. De hecho, el mismo decreto estipula la creación de una Comisión que se encargue de elaborar una nueva ley

Knigth Center for Journalism in the Americas . | Buenos Aires, Argentina | 14 Abr 2016

Uno de los decretos firmados por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el pasado diciembre y que revirtió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) promulgada por la anterior presidenta, sigue siendo tema de debate por sus posibles implicaciones en la concentración de medios en el país.

El más reciente de estos debates tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 157 Periodo de Sesiones durante la audiencia pública ‘Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina’ el pasado 8 de abril.

La audiencia solicitada por diferentes organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), el Sindicato Argentino de Televisión, entre otras, tuvo como propósito demostrar “los efectos regresivos” que los peticionarios consideran ha tenido este decreto en el ejercicio de la libertad de expresión del país, según explicaron.

Los representantes del Estado, entre los que se encontraban Santiago Cantón y Eduardo Bertoni – dos exrelatores para la libertad de expresión de la CIDH – aseguraron que las medidas se tratan de “reformas transitorias” mientras se trabaja en la creación de un nuevo marco regulatorio.

Gran parte de la argumentación del Estado se basó en el uso indebido que, en su opinión, dio el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a esta ley en medio de su “guerra con el periodismo”.

Sin embargo, en la presentación inicial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, enfatizó el impacto que ha tenido eliminar una ley que, aseguró, se venía pidiendo desde el fin de la dictadura militar de Argentina.

“Como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas”, dijo Verbitsky.

“Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esta ley – que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades – y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaba”, agregó Verbitsky.

Verbitsky se refería a una de las acciones del decreto que ordenó la convergencia de la Ley de Medios con la Ley de Telecomunicaciones conocida como Argentina Digital. Los dos entes de aplicación creados en estas leyes – la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) – fueron eliminados dando lugar al Ente Nacional de Comunicación (Enacom) que asumió las funciones de ambas autoridades.

El decreto pasó a tener carácter de ley luego de que el pasado 6 de abril, dos días antes de la audiencia pública ante la CIDH, el Congreso de la Nación le diera la aprobación final, informó la agencia Infobae.

Para los peticionarios de la audiencia, lo estipulado por el decreto solo beneficia a las grandes empresas y perjudica no solo a las pequeñas sino a aquellas sin ánimo de lucro. En gran medida porque “perpetúa” el problema de la concentración de medios que, aseguraron, tiene el país.

Martín Becerra, uno de los peticionarios y especialista en la concentración de medios, dio algunos ejemplos de esta concentración al asegurar que en Argentina casi el 40 por ciento de las licencias de televisión abierta está en manos de dos grupos. En la televisión por pago – que llega al 83 por ciento de los hogares del país – casi el 70 por ciento está controlado por dos grupos.

“Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema: obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración”, aseguró Becerra y dio como ejemplos el hecho que se hubiera calificado a la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones eliminando contrapestaciones “elementales” como el ‘must-carry’ (obligación de transmitir) o la prórroga automática de las licencias actualmente abiertas por cinco años con la posibilidad de otros 10 años, que impide la apertura de concursos y manteniendo por fuera a grupos tradicionalmente discriminados.

Por su parte Damián Loreti, vicepresidente mundial de Amarc y secretario de CELS, hizo referencias a los tres estándares “violentados” con este decreto. El primero tiene que ver con el haber quitado la “autorquía legal a las autoridades” establecidas, el segundo sobre la eliminación de la obligación de transmitir o ‘must-carry’ y finalmente el de violar el principio de legalidad “porque un Decreto de Necesidad y Urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva de la Corte Interamericana ni aún refréndandose por el Parlamento”.

Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se refirió a los efectos del decreto sobre las radios comunitarias, coperativas e indígenas al asegurar que desde el 2004 venían trabajando por esta Ley que los reconociera y les diera participación en el espectro radioeléctrico, una participación que asegura hoy “está clausurada”.

A su turno, el Estado recordó que las medidas estipuladas en el decreto son provisionales. De hecho, el mismo decreto estipula la creación de una Comisión que se encargue de elaborar una nueva ley. Bertoni aseguró durante la audiencia que la Comisión tiene plazo de un año para hacerlo.

El Estado también defendió la necesidad de una nueva ley con base en la denunciada confrontación entre el Gobierno anterior y la prensa.

Para documentarlo, incluso Cantón, secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, leyó apartes del informe anual 2015 de la Relatoría Especial de la CIDH referentes a agresiones y otros tipos de ataques a la libertad de expresión en el país que incluyó casos de periodistas acosados, distribución arbitraria de la publicidad oficial, abuso de las cadenas oficiales, entre otros.

“La política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del Gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático”, dijo Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Argentina, al hacer referencia al gobierno de Fernández de Kirchner. “La buena noticia es que la etapa de la discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales así como la censura, son parte del pasado. Si ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015 la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina”.

Los comisionados y el Relator Especial coincidieron en lo prejudicial que es la concentración de medios para las democracias y recordaron al Estado la necesidad de que esta nueva ley garantice el pluralismo. También recordaron la necesidad de que los consejos de control sean independientes del poder ejecutivo. Y finalmente invitaron tanto a peticionarios como al Estado a mantener el debate abierto para que las críticas de la sociedad civil sean tenidas en cuenta en la elaboración de esta nueva ley.