Seguirá la crisis en el Poder Judicial CDMX

*En la Comisión de Justicia del Congreso-CDMX, si bien manifestó su admisión por la línea de trabajo del Poder Judicial de la capital, está consciente sobre la necesidad de sumar, más no restar, la implementación para la capacitación del personal que coparticipará en el CNPCyF *Sin la presencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, que encabeza el D.H.C., Diego Valdez Medina, no sería posible desarrollar la impartición de justicia que tanto se requiere como garantía de la paz social del país *Sin embargo, se advierte que la excesiva carga de trabajo, entre otros factores, han generado diversas problemáticas en el ambiente laboral y la prestación de los servicios de impartición de justicia

Blas A. Buendía . | Ciudad de México | 17 Feb 2025

La crisis por la que atraviesa el TSJCDMX es por culpa de su titular Rafael Guerra Álvarez, quien siempre ha carecido de oficio político ante el Congreso local, que es el que autoriza el paquete presupuestario por mucha o poca labia demagógica que presente con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), a través del cual, por tiempos y efectos, no redituará la garantía de equidad entre juzgadores y sociedad que cotidianamente exige justicia con la ejecución de los juicios orales.
Firmado por el propio Guerra, sus conceptos únicamente hablan en infinitivo: definir, construir, implementar, pero no dice cómo lo hará o con cuáles recursos. Está todo sujeto a la aprobación del Congreso. Nunca habla de ampliar los inmuebles ni de bonos por tiempo. En la praxis se incurre en pura demagogia lo que acarreará mayores controversias laborales en el futuro inmediato.
Para no variar, con fecha del 16 de febrero, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) que, debido a su importancia para la sociedad, publicó el siguiente desplegado “a toda la comunidad judicial”:
Desde antes de la publicación del CNPCyF en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha trabajado ininterrumpidamente en la implementación e instrumentación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, así como en uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades jurisdiccionales, con el fin de garantizar mejores condiciones de acceso a la justicia igualitaria y sin discriminación para todas las personas.
La Ciudad de México es la primera entidad federativa en el país que aplica el CNPCyF, constituyendo un referente en las nuevas metodologías para el desarrollo de los Sistemas de Justicia Oral y Digital, así como el Modelo de Gestión, que se convertirán, a corto, mediano y largo plazo, en un paradigma moderno, sencillo y eficiente en la solución efectiva de controversias, ejemplo de paz y estabilidad social.
Es importante para el Poder Judicial de la Ciudad de México generar condiciones óptimas que permitan la implementación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, reduciendo las afectaciones a las y los justiciables durante esta transición.
Sin embargo, la insuficiencia de recursos presupuestarios; la necesidad imperante de capacitar a las personas magistradas, juzgadoras, personal judicial, así como abogadas y abogados postulantes; el arraigo de prácticas artesanales en los órganos jurisdiccionales; el lento proceso de asimilación de los nuevos paradigmas del Sistema de Justicia Oral y Digital por personas abogadas y servidoras públicas; la excesiva carga de trabajo; entre otros factores, han generado diversas problemáticas en el ambiente laboral y la prestación de los servicios de impartición de justicia.
Por esta razón, el Consejo de la Judicatura y esta presidencia han aprobado un Acuerdo que permitirá continuar oportunamente con la implementación del nuevo CNPCyF en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Con este fin las acciones autorizadas por el Consejo de la Judicatura, en síntesis, son las siguientes:
1. Presentar al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de modificación a la Declaratoria de Vigencia del CNPCyF, únicamente por lo que se refiere a la segunda y tercera etapa.
2. Suspender el proceso de extinción de órganos jurisdiccionales, en lo que se refiere únicamente a la segunda y tercera etapa, ajustándolo a las fechas señaladas en la modificación a la Declaratoria de Vigencia, con el fin de agotar la primera etapa y generar mejores condiciones que permitan continuar con las subsecuentes etapas y procesos de extinción, conforme a los ajustes al Plan de Trabajo que se determinen, generando el menor impacto posible al trabajo jurisdiccional.
3. Continuar con la aplicación del CNPCyF en la Ciudad de México, en su primera etapa vigente hoy en día, así como con los procesos de asignación y reasignación de expedientes que, durante esa etapa, hayan sido remitidos de juzgados extintos a juzgados receptores.
4. Consolidar la integración y vinculación de los expedientes, tocas y cuadernos de constancias digitales, con el fin de que las personas magistradas, juzgadoras, abogadas postulantes, justiciables y público en general, cuente con estos documentos electrónicos en forma segura e íntegra.
5. Construir estándares de calidad y productividad por órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras y unidades de gestión, con el fin de elevar la eficiencia y calidad de los servicios que prestan, y contar con información que permita implementar la segunda y tercera etapa de aplicación del CNPCyF, y el combate a las cargas de trabajo en juzgados tradicionales de proceso escrito y oral, en mejores condiciones.
6. Garantizar el perfeccionamiento de los sistemas y plataformas electrónicas que integran el Sistema de Justicia Digital del Poder Judicial de la Ciudad de México, en todos los órganos jurisdiccionales, especialmente el expediente electrónico en primera y segunda instancia, Oficialía de Parte Virtual, Juicios en Línea, uso de firma electrónico, SIGJ, los procesos de homologación de los sistemas electrónicos del SIGJ y Oficialía de Partes Común, sistema electrónico de asignación y reasignación de expedientes, entre otros.
7. Continuar con los procesos de capacitación para personas magistradas, juzgadoras y personal judicial, así como personas postulantes.
8. Definir estrategias de combate a las cargas de trabajo en Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Oral, en miras a los próximos procesos de extinción y transformación.
El compromiso de esta presidencia, afirmó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, es con el pueblo de la Ciudad de México, con la base trabajadora del Poder Judicial, así como con sus personas magistradas, juzgadoras y personal judicial.
En este referente, también dijo que “siempre hemos dado la cara a las problemáticas sociales que enfrentamos y de frente hemos aceptado los grandes retos en la impartición de justicia.
“La implementación del Sistema de Justicia Civil y Familiar y el Sistema de Justicia Digital, sólo constituyen los nuevos paradigmas que generarán los grandes cambios en las instituciones jurídicas de esta capital.
“La Ciudad de México es y seguirá siendo un referente nacional sobre la gestión y administración de justicia. El Poder Judicial siempre marchará hombro con hombro con cada uno de sus integrantes y su base trabajadora, como un ejemplo de compromiso ante su modernización y la mejor forma de resolver conflictos, en miras de una paz social digna, igualitaria y sin discriminación.
“No nos detendremos ante estos grandes retos. Continuaremos trabajando para garantizar la continuidad de una tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la justicia de calidad. Muchas gracias”, rubrica el Doctor Rafael Guerra Álvarez, Magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.
En la Comisión de Justicia del Congreso de la capital de la República, si bien manifestó su admisión por la línea de trabajo del Poder Judicial de la capital, está consciente sobre la necesidad de sumar, más no restar, la implementación para la capacitación del personal que coparticipará en el CNPCyF, toda vez que sin la presencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, que encabeza el D.H.C., Diego Valdez Medina, no sería posible desarrollar la impartición de justicia que tanto se requiere como garantía de la paz social del país.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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