La defensa del territorio y la soberanía de los pueblos

22 Ago 2017 / *El futuro de los pueblos y comunidades se encuentra amenazado, no hay desarrollo humano posible si los gobiernos mexicanos insisten en brindar facilidades a las empresas depredadoras de los bienes naturales

Los pueblos nahuas y totonacas se juntaron en Tlapacoyan para reflexionar y acordar medias de defensa del territorio y los bienes naturales. Los diversos movimientos comunitarios han expresado su rechazo a la instalación de hidroeléctricas, mineras y fractura hidráulica, le ha llamado proyectos de muerte, que afectaría la vida de las comunidades y pueblos y causarían daños irreversibles a la naturaleza.

En el mes marzo, del año en curso, el Cabildo del municipio de Tlapacoyan acordó no otorgar permisos a empresas que buscan establecer presas, minería y fractura hidráulica, antes -en 2010- habían establecido una controversia constitucional, la cual ganaron, y permitió cancelar los primeros permisos que las empresas habían gestionado; el activista municipalista/ambientalista Héctor Colio Galindo se ha encargado compartir la experiencia desarrollada por el movimiento Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, del cual forma parte y que ahora fue una de las anfitrionas de la XXI Asamblea Maseual- Nahua- Totonakú, en defensa del territorio, y la soberanía de los pueblos.


II
Son los pueblos, comunidades y municipios los dueños originarios de los bienes naturales (agua, minerales, monte, flora y fauna, ríos, mares, lagos, selvas, bosques); son las comunidades indígenas y rurales quienes han cuidado y conservado la naturaleza, en nuestro estado es fácil ubicar donde se encuentra la riqueza natural a partir de reconocer los asentamientos cercanos de los pueblos y comunidades, que han sido guardianes de la naturaleza a partir de establecer relaciones de aprovechamiento y respeto, aunque esa relación está cambiando como resultado de las políticas gubernamentales implementadas en los últimos sexenios.

El modelo de desarrollo impuesto en nuestro país por los gobiernos neoliberales, que padecemos, han generado exclusión social, miles de pobladores han migrado en busca de mejores oportunidades de vida, y quienes se ha quedado deben resistir y tienen que lidiar con las empresas privadas que buscan obtener ganancias financieras a partir de explotar sin límites la naturaleza mediante presas, minas, fractura hidráulica, zonas hoteleras, aserraderos, fraccionamientos habitacionales, puertos, carreteras, etc. Las empresas depredadoras no tienen patria, pero cuenta con aliados y cómplices en el gobierno federal, las cámaras de diputados y senadores; quienes a partir de las reformas estructurales han puesto en venta la riqueza natural del país, y son beneficiarios directos del saqueo de nuestra nación. Los gobiernos estatales y congresos estatales se han acomodado, actúan como facilitadores o apoyadores de las empresas privadas, niegan los derechos de los pobladores en resistencia y buscan mediatizar los movimientos o criminalizan las protestas sociales. En Veracruz el papel de las autoridades estatales y el Congreso ha sido de colaboración o complicidad. Sólo algunos diputados han apoyado los justos reclamos de los pobladores en resistencia, y pocos ayuntamientos han atendido las demandas de sus gobernados; los ejemplos de Tlapacoyan o Jalcomulco, al oponerse a la construcción de la presa en el Río de los Pescados, son la comprobación de que es posible resistir a la tendencia privatizador y depredadora de la naturaleza.


III
En la XXI Asamblea Maseual- Nahua- Totonakú, en defensa del territorio, y la soberanía de los pueblos, las y los participantes reconocieron que los impactos de las minas son los más agresivos a la naturaleza y la vida humana, y que la riqueza extraída sólo beneficia a unas cuentas personas. La experiencia en otros pueblos, una vez que inician su explotación, es la miseria y la desolación; suelos contaminados, agua contaminada y la biodiversidad se pierde de manera permanente. “Un informe sobre la minería en México, reveló que el 60 por ciento de las concesiones mineras son de empresas de Canadá en proyectos para la extracción de oro, plata y cobre, y pese a los argumentos de fomentar el empleo y aumentar la derrama económica, lo que se encuentra es que la minería contribuye con menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto y no deja una derrama económica, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través del Fondo Minero, mecanismo para hacer llegar beneficios a las comunidades.” Beatriz Olivera, integrante del Centro de Análisis e Investigación de Fundar, A.C. (Flavia Morales/AVC)

En clara alusión al proyecto de Caballo Blanco, Gerardo Alatorre FrenK (Universidad Veracruzana), expresó que la minera a cielo abierto necesita enormes cantidades de agua mezclada con sustancias tóxicas como el cianuro, para separar el metal (oro o plata) de la roca, lo que genera un grave riesgo de contaminación en los pozos de agua y los mantos freáticos. (Flavia Morales/AVC) El modelo extractivista elimina la naturaleza, genera exclusión social, quebranta las costumbres y tradiciones de las comunidades y pueblos, hace imposible la vida humana en los territorios ocupados.


IV
El futuro de los pueblos y comunidades se encuentra amenazado, no hay desarrollo humano posible si los gobiernos mexicanos insisten en brindar facilidades a las empresas depredadoras de los bienes naturales. El llamado de la XXI Asamblea Maseual- Nahua- Totonakú, en defensa del territorio, y la soberanía de los pueblos, es que poblaciones afectadas se mantengan organizadas e informadas. Usted que opina amable lectora o lector.

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